LIBRO USADO. RECUERDA QUE EL 10% DE ESTA VENTA COLABORA CON FUNDACIONES QUE FOMENTAN LA LECTURA EN ZONAS VULNERABLES. En el presente Informe, nos vemos nuevamente obligados a repetir llamados que realizamos en ediciones anteriores para que el Estado dé una respuesta ágil, sólida e integral a los múltiples compromisos internacionales, tareas y proyectos de ley pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar desde 1973 a 1990. Tanto respecto al periodo correspondiente al presente Informe como en una mirada más amplia a lo que ha sido la segunda presidencia de Michelle Bachelet, es difícil evitar el diagnóstico de dilación e incumplimiento respecto del programa de DDHH durante el periodo gubernamental que terminara en 2018. La tendencia de anunciar iniciativas que luego se postergan, demoran o simplemente no prosperan –comentada en Informes anteriores– se reemplaza ahora por la inclinación a una urgencia que arriesga dejar a medias ─sin las consultas, consensos ni participaciones debidas– planes, instancias u hojas de ruta que buscan indicarle caminos a la próxima administración, pero que amenazan con convertirse en letra muerta. La percepción de una dinámica de larga inacción, seguida por un apuro casi indecoroso para armar soluciones en plazos perentorios, ha terminado por alejar definitivamente de las instancias de diálogo con el oficialismo a algunas asociaciones de ex presos políticos.En el presente Informe, nos vemos nuevamente obligados a repetir llamados que realizamos en ediciones anteriores para que el Estado dé una respuesta ágil, sólida e integral a los múltiples compromisos internacionales, tareas y proyectos de ley pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar desde 1973 a 1990. Tanto respecto al periodo correspondiente al presente Informe como en una mirada más amplia a lo que ha sido la segunda presidencia de Michelle Bachelet, es difícil evitar el diagnóstico de dilación e incumplimiento respecto del programa de DDHH durante el periodo gubernamental que terminara en 2018. La tendencia de anunciar iniciativas que luego se postergan, demoran o simplemente no prosperan –comentada en Informes anteriores– se reemplaza ahora por la inclinación a una urgencia que arriesga dejar a medias ─sin las consultas, consensos ni participaciones debidas– planes, instancias u hojas de ruta que buscan indicarle caminos a la próxima administración, pero que amenazan con convertirse en letra muerta. La percepción de una dinámica de larga inacción, seguida por un apuro casi indecoroso para armar soluciones en plazos perentorios, ha terminado por alejar definitivamente de las instancias de diálogo con el oficialismo a algunas asociaciones de ex presos políticos.