TAPA BLANDA , LIBRO NUEVO, RECUERDA QUE EL 10% DE ESTA VENTA COLABORA CON FUNDACIONES QUE FOMENTAN LA LECTURA EN ZONAS VULNERABLES.En el presente Informe, nos vemos nuevamente obligados a repetir llamados que realizamos en ediciones anteriores para que el Estado dé una respuesta ágil, sólida e integral a los múltiples compromisos internacionales, tareas y proyectos de ley pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar desde 1973 a 1990. Tanto respecto al periodo correspondiente al presente Informe como en una mirada más amplia a lo que ha sido la segunda presidencia de Michelle Bachelet, es difícil evitar el diagnóstico de dilación e incumplimiento respecto del programa de DDHH durante el periodo gubernamental que terminara en 2018. La tendencia de anunciar iniciativas que luego se postergan, demoran o simplemente no prosperan –comentada en Informes anteriores– se reemplaza ahora por la inclinación a una urgencia que arriesga dejar a medias ─sin las consultas, consensos ni participaciones debidas– planes, instancias u hojas de ruta que buscan indicarle caminos a la próxima administración, pero que amenazan con convertirse en letra muerta. La percepción de una dinámica de larga inacción, seguida por un apuro casi indecoroso para armar soluciones en plazos perentorios, ha terminado por alejar definitivamente de las instancias de diálogo con el oficialismo a algunas asociaciones de ex presos políticos. Sean cuales fueran los motivos de la trayectoria recorrida desde 2014, lo cierto es que muchas de las repetidas promesas oficiales de los años recientes, en cuanto a mejorar y profundizar el cumplimiento de los deberes estatales en la materia, no se han traducido en hechos consumados. Es emblemático entre esos imperativos el compromiso de legislar sobre el Decreto Ley de Amnistía de 1978, pendiente desde hace más de una década y que ha sido materia de reiteradas recomendaciones, comentarios y exhortos de parte de instancias nacionales e internacionales. Hasta hace poco tiempo, se le sumaba la promesa que habría sido hecha en forma personal, a mediados de 2015, por la presidenta Michelle Bachelet, a la sobreviviente Carmen Gloria Quintana, de cerrar el penal especial de Punta Peuco. Dicho compromiso adquirió nuevamente notoriedad y relevancia hacia fines del periodo del presente Informe. Primero, por la reiteración de la promesa y, segundo, por la reciente ofensiva de parte de algunos de los reos del privilegiado recinto para conseguir liberación anticipada, perdones y otras maneras de esquivar sus responsabilidades criminales. A la fecha de cierre de la presente edición (mediados de agosto de 2017), varios medios escritos informaron de la supuesta existencia de planes avanzados para concretar el cierre de Punta Peuco en septiembre de 2017, así como de contrapresiones articuladas alrededor del comando del candidato presidencial Sebastián Piñera. De concretarse la medida, su evaluación, en términos de constituir un avance en el cumplimiento de parte de Chile de sus obligaciones en justicia transicional, dependerá de los términos de su cierre. Se debiera procurar castigar proporcionalmente a crímenes que el derecho internacional considera dignos del máximo repudio, sin proveer a sus hechores de condiciones indebidamente distintas a las que se establecen para otras personas recluidas. Cualquier iniciativa que simplemente terminara dotando a lugares alternativos de reclusión, como la cárcel Colina I, del mismo tipo de condiciones especiales y superiores que han motivado controversia respecto de Punta Peuco, no representaría, en ese sentido, ningún avance.